La acción penal

ACCIÓN PENAL

 

 

CONCEPTO Y FORMA DE EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL

juzgadoLa acción penal se puede definir, desde la esfera de los derechos individuales de la persona, como la facultad concedida a un individuo para iniciar un proceso penal; y, también, se puede definir desde la órbita de la actividad estatal, como la obligación del Estado de ejercer el ius puniendi ante la existencia de un hecho que reviste los caracteres de una infracción penal. 

Como se pude ver en ambos conceptos, que no son exclusivos ni excluyentes, la diferencia estriba básicamente en el sujeto que la lleva a cabo, y la naturaleza jurídica de la acción. En el primer caso es un derecho individual que puede tener cualquier ciudadano, con las excepciones que luego se verán y cuyo sustento está en el artículo 24 de nuestra Constitución Española; y el segundo no es un derecho Subjetivo individual del Estado sino una obligación de éste para reestablecer el orden jurídico violado ante la infracción penal cometida por un individuo, manteniendo la paz social y sancionando al culpable.

 Sobre la base de la doble perspectiva de la acción penal nace el artículo 100 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el cual dispone que ”De todo delito o falta nace acción penal para el castigo del culpable, y puede nacer también acción civil para la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios causados por el hecho punible”. Esta acción podrá ser ejercitada directamente por los órganos del Estado o por los particulares a través de la acusación popular o particular, como luego expondremos, y siempre en atención al ilícito penal cometido. La acción penal ejercitada por una persona como manifestación de la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución Española exige un pronunciamiento judicial motivado por el cual se le tenga por personado en la causa o denegándole su derecho.

El ejercicio de la acción penal lleva aparejada la civil si el delito o falta de que se trate ha originado daños o perjuicios, de ahí que el artículo 112 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal haga una presunción de iniciación de la vía civil cuando se acude a la penal; este precepto dispone que “Ejercitada sólo la acción penal, se entenderá utilizada también la civil, a no ser que el dañado o perjudicado la renunciase o la reservase expresamente para ejercitarla después de terminado el juicio criminal, si a ello hubiere lugar”. 

Cuando el Estado tiene conocimiento de la existencia de un hecho consistente en una infracción penal, debe hacer valer el ius puniendi a través del proceso penal.

La forma en que puede manifestarse es a través de dos vías: la de la autoridad judicial, como parte integrante del Estado (tercer poder del Estado), que cuando tienen conocimiento de una infracción penal debe iniciar un proceso penal, cuyo objeto es averiguar si ese hecho se ha producido, y quién o quienes han sido sus responsables, sancionando, en su caso, a los autores, cómplices o encubridores. Y, una segunda vía, a través del Ministerio Fiscal, cuya función constitucional le hace ser un pilar básico del Estado de Derecho, defendiendo la legalidad y el orden público.

El Ministerio Público está obligado, por la propia Constitución y su Estatuto de regulación, a ejercer la acción penal cuando tenga conocimiento de la existencia de un delito o falta.

La acción penal tiene cuatro características básicas: El hecho que provoca el inicio del proceso penal.

La acción penal no puede identificarse ni por la calificación jurídica que se haga de ese hecho (delito de homicidio, asesinato o cualquier otro) ni por la pena que se solicite, sino que debe identificarse con el hecho constitutivo de la infracción penal (muerte de una persona, por ejemplo). Esta diferencia es muy importante para delimitar el objeto del proceso y los efectos de la cosa juzgada material, así como la litispendencia, en virtud de la cual no puede iniciarse un pleito por ese mismo hecho. Por ello el artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que “Promovido juicio criminal en averiguación de un delito o falta, no podrá seguirse pleito sobre el mismo hecho; suspendiéndole, si le hubiese, en el estado en que se hallare, hasta que recaiga sentencia firme en la causa criminal.

 No será necesario para el ejercicio de la acción penal que haya precedido el de la civil originada del mismo delito o falta.”

A esta característica se le denomina delimitación objetiva del proceso.

La acción penal debe estar dirigida contra una o varias personas determinadas como responsables del hecho objeto de proceso. 

A esto se le denomina la delimitación subjetiva del proceso.

La acción penal debe estar integrada por la conjunción del hecho objeto de proceso y por el sujeto causante de éste.

Es decir, además de la delimitación objetiva del proceso tiene que haber una delimitación subjetiva y ambas deben coincidir.

En consecuencia, respecto del mismo hecho y del mismo responsable o inculpado, la acción es siempre una sola y la misma.

La última característica es la de la irrenunciabilidad de la acción penal

. Una vez que se ha iniciado, dando origen a un procedimiento penal, ha de llegar hasta su conclusión, salvo en aquellas infracciones que dependen de la voluntad del perjudicado, como es el caso de los delitos privados.

 El artículo 106 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que: “La acción penal por delito o falta que dé lugar al procedimiento de oficio no se extingue por la renuncia de la persona ofendida.

Pero se extinguen por esta causa las que nacen de delito o falta que no puedan ser perseguidos sino a instancia de parte, y las civiles, cualquiera que sea el delito o falta de que procedan”. El carácter irrenunciable de la acción penal es una manifestación de ésta como derecho personalísimo, toda vez que sólo afecta a la persona que la ejercita, por ello la renuncia, en aquellos casos que se permiten, sólo puede afectar y perjudicar a esa persona y no a los demás titulares de ese derecho; de ahí que el artículo 107 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establezca que “La renuncia de la acción civil o de la penal renunciable no perjudicará más que al renunciante; pudiendo continuar el ejercicio de la penal en el estado en que se halle la causa, o ejercitarla nuevamente los demás a quienes también correspondiere”. Para la renuncia de la acción no se exige ningún requisito especial, salvo en los casos de la renuncia de la acción penal por parte de los padres o representantes legales de los menores cuando ejerciten los derechos de éstos, que deberá estar sometida la renuncia a lo preceptuado en los artículos 166 y 1810 del Código Civil.
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