La acción penal en la Contitución

REFERENCIA CONSTITUCIONAL AL DERECHO A LA ACCIÓN PENAL

tribunalesEl derecho al ejercicio de la acción penal constituye una manifestación más, si bien dentro del proceso penal, del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales, denominado ius ut procedatur, en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos a que tiene derecho toda persona, conforme viene establecido en el artículo 24 de la Constitución española.”

Ahora bien, el Tribunal Constitucional, reiteradamente, ha declarado que éste derecho de acceso a la jurisdicción, no es un derecho incondicionado a la plena sustanciación del proceso penal, ni existe un derecho fundamental a la apertura del juicio oral ni un derecho a obtener condenas penales sino que es compatible con un pronunciamiento motivado del órgano judicial en la fase de instrucción del procedimiento que la ponga término anticipadamente, e incluso con la misma desestimación de la querella, conforme al artículo 313 de la Ley de Enjuiciamiento

Criminal, siempre que el órgano judicial entienda razonadamente que la conducta o los hechos imputados carezcan de ilicitud penal (Sentencias 176/2006, de 5 de junio, 41/1997, de 10 de marzo; 16/2001, de 29 de enero; 81/2002, de 22 de abril; 21/2005, de 1 de febrero; entre otras). En éste sentido, en la Sentencia 85/1997, de

22 de abril, de dicho Tribunal, se estima que el Juez de Instrucción tiene facultad para no acordar la apertura de juicio oral, y en consecuencia el sobreseimiento de un procedimiento penal, aún después de haber terminado la fase de instrucción.

A su vez, en la sentencia 186/1990 de dicho Alto Tribunal confirma  las posibilidades de un Juez de Instrucción para controlar la solidez y verosimilitud de una acusación, manifestando que: “La Ley concede al juez de Instrucción -no al órgano de enjuiciamiento- la facultad de controlar la consistencia o solidez de la acusación que se formula, pues (. .. ) el artículo 790.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tras enunciar la regla general de la vinculación del instructor con la petición de apertura del juicio, permite al juez denegar la apertura del juicio en dos supuestos, a saber: Cuando el hecho no sea constitutivo de delito, o ante la inexistencia de indicios racionales de criminalidad contra el acusado en cuyo caso acordará el sobreseimiento que corresponda. Pero este juicio acerca de la improcedencia de abrir el juicio oral en definitiva de la improcedencia de la acusación formulada de existir, es un juicio negativo en virtud del cual el juez cumple funciones de garantía jurisdiccional”.

El hecho de que la ley, respecto de algunas infracciones, condicione la iniciación de un procedimiento penal, a la denuncia del agraviado o perjudicado, ello no conlleva dejar en manos de dicho denunciante o particular el derecho a penar, o ius puniendi, que pertenece al Estado, ni las penas impuestas en estas infracciones son contrarias al artículo 25.2 de la Constitución, porque, como declaró el Pleno del Tribunal Constitucional en su Sentencia 120/2000, de 10 de mayo, “… no se trata del ejercicio del ius puniendi por el particular, sino del ejercicio de la acción penal que pone en marcha el procedimiento a través del cual se instrumentaliza el ejercicio del ius puniendi por el Estado … “, y a su vez añade, ” … que el dejar en manos de la víctima la puesta en marcha del procedimiento penal ni tiene necesariamente efectos contrarios a la resocialización del autor de la infracción, ni tampoco a los fines preventivo-generales igualmente legítimos al amparo de nuestra Constitución. En efecto, basta reparar en que caso de existir denuncia de la víctima, se habrá iniciado el proceso penal y esta situación en nada difiere de la que se hubiera producido mediante una intervención del Ministerio Público tanto en lo que respecta a los fines de la pena’ corno respecto a la reinserción social del condenado. Y si la víctima decide no denunciar la infracción, es obvio que, por no existir un proceso penal y una condena no se suscita el problema de la reinserción social y, al no haber un interés público suficiente para la persecución del delito, tampoco se suscita una alteración de los fines de la pena”
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