Puede una persona jurídica iniciar acción penal

 Cabría preguntarse, si las personas jurídicas pueden ejercitar la acción penal.

 No existe duda que sí pueden ejercer dicha acción, en tanto en cuanto, pueden ser sujetos pasivos de un delito cuando la persona jurídica pueda considerarse ofendida por el delito, así como las personas jurídico-publicas cuando su personación esté prevista por una ley, como ocurre con la Administración Local, en el supuesto prevenido en el párrafo tercero del artículo 110 de la Ley procesal penal.

A su vez, el Ministerio Fiscal, tiene, tratándose de delitos públicos, la obligación de ejercitar todas las acciones penales que considere procedentes, exista o no acusador particular personado en el procedimiento. Dicha obligación, resulta excepcionada, cuando se trate de delitos en los que el Código Penal reserve exclusivamente a la querella privada, como ocurre, con los delitos de calumnia e injuria entre particulares (artículo 215 del Código Penal), o cuando se trate de los denominados “delitos semipúblicos”, es decir, aquellos que requieren denuncia del ofendido, si bien,

SI el ofendido o agraviado es una persona menor de edad, incapaz o desvalida, podrá denunciar el Ministerio Fiscal (así, entre otros supuestos, se prevén en el artículo 20l.1 del Código Penal, en algunos supuestos de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos; en el artículo 228 de la citada norma punitiva para los delitos de abandono de familia previstos en los artículos 226 y 227; artículo 296 para los delitos societarios salvo que la comisión del delitos afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas; artículo 191 del Código Penal, para proceder por los delitos de agresiones, abuso o acoso sexual, si bien se permite la apertura del procedimiento si el Ministerio Fiscal interpone querella; artículo 215 respecto del delito de calumnias

e Injurias contra funcionarios y autoridades; en los daños causados por imprudencia grave en cuantía superior a 80.000 euros, así como en algunas faltas de los articulas 620, 621, y 624 de dicha norma penal).

Ahora bien, una vez formulada la denuncia, el Ministerio Fiscal, deberá comparecer en el procedimiento para ejercitar la acción penal (artículo 105 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con el artículo 3.4 de la Ley 50/1981 de 30 de diciembre, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal) que establece como obligación del Ministerio Fiscal, la de “Ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos y faltas u oponerse a las ejercitadas por otros, cuando proceda”. No obstante, cuando se trate de faltas perseguibles a Instancia de parte, el Fiscal General del Estado, puede impartir instrucciones para, en atención al interés público existente, dejar de asistir al juicio (artículo 969 de la Ley procesal penal).

De acuerdo con ello, la Instrucción 6/1992, de la Fiscalía General del Estado estableció la intervención preceptiva cuando las victimas careciesen de la protección de un seguro obligatorio, y la conveniencia de su presencia cuando mediante la cobertura de dichos seguros, la Imprudencia hubiese producido un resultado de muerte o lesiones graves. A su vez la Circular 1/2003, de 7 de abril, actualizó los contenidos sostenidos en la Instrucción anteriormente citada, manteniendo la intervención preceptiva en supuestos relacionados con actividades no cubiertas por el régimen de seguros obligatorios tales como la siniestralidad laboral o imprudencias relacionadas con el ejercicio de una actividad profesional del que se derive muerte o lesiones graves, estableciendo la posibilidad de que el Fiscal Jefe respectivo, fuera de los anteriores casos, determinase la obligación de acudir a los juicios de faltas “en aquellas excepcionales ocasiones, en la que, en atención a las circunstancias de toda índole concurrentes y tras su debida ponderación, se estimase necesaria para la más eficaz protección del interés público en juego y de los derechos de los particulares implicados”.
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