Principios del Derecho Penal

                VI. PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL

 1. Principio de legalidad penal

Es un principio fundamental que es manifestación del principio general de legalidad basado en un sistema de imperio de la Ley. El principio de legalidad en derecho penal se desglosa, a su vez, en varias formulaciones:

Principio de legalidad criminal. “Nullum crime sine lege previa”. Ninguna conducta es delito si la ley lo la define como tal.

Principio de legalidad penal. “Nulla poena sine lege previa”. Sólo puede imponerse la pena prevista por la ley en cada caso, no pudiendo sustituirse ni inventarse.

Principio de legalidad procesal. “Nema damnetur nisi per legale iudiciurn”. Nadie puede ser castigado sin juicio previo.

Principio de legalidad en la ejecución. No puede ejecutarse una pena sino en la forma prevista por la Ley.

1.- El principio de legalidad penal

comporta a su vez un mandato y cuatro prohibiciones: el mandato de claridad y taxatividad (condiciones de la seguridad jurídica), y la prohibición de:

a) Retroactividad de las normas de fundamentan o agravan las penas,

b) Prohibición de regulación penal por normas dimanantes del ejecutivo,

c) Prohibición de la analogía y, en general, de la creación judicial del derecho.

d) Prohibición de regulación de las normas penales por normas consuetudinarias.

Su formulación en el derecho positivo está en los siguientes preceptos:

Artículos 25.1 Y 9.3 de la Constitución Española. Artículos 4.2 del Código Civil Y 4.1 del Código Penal. Taxatividad prohibición de las leyes penales retroactivas y seguridad jurídica (taxatívidad y prohibición de creación judicial del derecho).

Artículos 24 y 117 de la Constitución Española. Garantía jurisdiccional.

Artículos 1, 4.2, 2.1 Y 10 del Código Penal. Principio legalidad penal.

Artículo 3.1 Ley de Enjuiciamiento Criminal. Principio de jurisdiccionalidad.

2. Principio de proporcionalidad (o prohibición del exceso)

Con fundamento en el derecho natural, constituye un principio general del derecho que rige el establecimiento y aplicación de toda medida restrictiva de la libertad. En el derecho español emana del artículo 1 de la Constitución Española que proclama como valor superior del ordenamiento español la libertad, y se concreta en los artículos 15 (prohibición de la tortura y tratos inhumanos y degradantes), 17.2 y 4 Constitución española (límites a la detención preventiva, a la prisión preventiva), 55.2 (Iímites a las medidas contra las bandas armadas), todos ellos de la Constitución Española.

Cualquier medida restrictiva de la libertad, para ser proporcional, precisa tres exigencias:

a)  Adecuación al fin. La medida ha de ser apta para alcanzar los fines que la justifican y conforme a ellos.

b)  Necesidad. Se concreta en el principio de intervención mínima, lo que significa:

Desde el punto de vista abstracto: El derecho penal ha de revestir un carácter fragmentario. La sanción penal no tiene que extenderse a todas las infracciones y a proteger todos los bienes jurídicos, sino sólo a los dignos de protección, susceptible de ella y que esté necesitado de ella, y sólo interviene ante los ataques más graves e intolerables. También tiene un carácter subsidiario, es decir, sólo intervendrá donde el orden jurídico no puede protegerse por medios menos gravosos de la pena. Sólo interviene cuando los otros medios han fracasado en la tutela.

En el plano concreto aplicativo: ha de ponerse en manos del Juez instrumentos para individualizar la pena a la infracción (con instituciones como la suspensión de la ejecución, la sustitución de las penas, etc.).

c)  Proporcionalidad (en sentido estricto). La exigencia de proporcionalidad ha de determinarse mediante un juicio de ponderación entre la “carga coactiva” de la pena y el fin perseguido por la conminación penal. Es misión del legislador establecer una previsión penal proporcional, pero también del juez al individualizar la pena al caso concreto.

3. Principio de la prohibición del bis in idem (“ne bis in idem”)

Tiene dos significados:

a)            Material. Nadie debe ser castigado dos veces por la misma infracción, siempre que haya identidad de sujeto, hecho y fundamento (por ejemplo, en la concurrencia de los derechos penal y administrativo) .

b)           Procesal. No puede existir duplicidad de procedimientos por los mismos hechos (por ejemplo judicial y administrativo, o dos procedimientos judiciales por los mismos hechos). Concreciones de este principio son las instituciones de la litispendencia (no puede empezarse un pleito sobre un objeto si ya hay otro iniciado) y de la cosa juzgada (el caso sentenciado no puede volverse a enjuiciar).

4. Principio de igualdad

Este principio, que tiene su base en el artículo 14 de la Constitución Española, tiene repercusiones en el derecho penal. Opera frente al legislador, prohibiendo las diferencias de tratos injustificadas o discriminatorias, y frente al Juez, el cual deberá justificar argumentalmente las diferencias de trato.

5. Principio de presunción de inocencia

Plasmado en el artículo 24.2 de la Constitución Española, es un derecho público subjetivo de carácter fundamental que opera en el derecho penal sustantivo y en el procesal penal:

Derecho penal. Es un límite frente al legislador, y supone que serán nulos los preceptos penales que establecen responsabilidad basada en hechos presuntos o presunciones de culpabilidad. También se proyecta hacia el Juez en su interpretación de las leyes penales, en igualdad de condiciones, habrá de preferirse el sentido más favorable al reo.

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