Sentencia Audiencia Provincial de Guadalajara

Reproducimos una Sentencia de la Audiencia Provincial de Guadalajara en la que se desestima la pretensión del recurrente que se alzaba frente a la absolución obtenuda de contrario en un juicio de faltas por incumplimiento del régimen de visitas

S E N T E N C I A

En GUADALAJARA, a veintidós de enero de dos mil quince. La Audiencia Provincial de GUADALAJARA, ha visto en grado de apelación, sin celebración de vista pública, el presente procedimiento penal de Juicio de Faltas 2/13, procedente del Juzgado de Instrucción num. de Guadalajara, siendo partes en esta instancia, como apelante DON NOMBRE FICTICIO, representado por la Procuradora Dª Procuradora y como partes apeladas MINISTERIO FISCAL y DELIA CELIA MORENO BELLODAS, sobre incumplimiento de deberes familiares y siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D.Juez

ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.­

El Magistrado del JUZGADO DE INSTRUCCION de GUADALAJARA, con fecha 1 de abril de 2014, dictó sentencia en el Juicio de Faltas del que dimana este recurso, en la que se declararon como hechos probados los siguientes:
“ÚNICO.­ No ha sido probado que los días 2 ó 3 de noviembre de 2014, La denunciada haya incumplido el régimen de visitas judiailmente establecido para el hijo habido con DON NOMBRE FICTICIO”.
SEGUNDO.­ La expresada sentencia en su parte dispositiva dice así: “FALLO: Que absuelvo a La demandada de cualesquiera pretensiones que contra su persona se hayan ejercitado en estos autos. Que declaro las costas de oficio”.
TERCERO.­ Notificada mencionada sentencia, contra la misma se formalizó recurso de apelación por la representación de DON NOMBRE FICTICIO, que fue admitido en ambos efectos, y practicadas las diligencias oportunas, fueron elevadas las actuaciones a este Tribunal, donde se registraron, se formó el rollo de Sala y se turnaron de ponencia. No habiéndose propuesto diligencias probatorias y al estimarse innecesaria la celebración de la vista para la correcta formación de una convicción fundada, quedaron los autos vistos para sentencia.
CUARTO.­ En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, con inclusión del plazo para dictar resolución.

HECHOS PROBADOS

UNICO.­ Se aceptan los contenidos en la resolución recurrida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.­ Se aceptan los de igual clase de la resolución apelada. Delimitación del objeto de recurso. Se interpone por D. DON NOMBRE FICTICIO recurso de apelación contra la Sentencia de fecha 1 de abril del año 2.014 dictada por el Juzgado de Instrucción de esta Capital, que absolvía a la denunciada de la falta imputada por el recurrente. El Ministerio Público interesa la confirmación de la Sentencia.
SEGUNDO.­ Enunciación del motivo del recurso deapelación. Sostiene la recurrente que el incumplimiento del régimen de visitas los días 2 y 3 de noviembre del año 2.014 ha resultado acreditado en la causa a través del testimonio del denunciante, que en todo momento ha sido continuado y coherente. Se desestima. Revisadas las actuaciones y la Sentencia apelada observamos que el pronunciamiento absolutorio resulta consecuencia de no apreciar el juzgador, tras valorar la prueba presencial que tuvo lugar en el plenario, que los días que menciona el recurrente, la denunciada hubiese incumplido el régimen de visitas judicialmente establecido en relación con el menor habido de la relación entre ambos. Llegados a este punto es de aplicación al caso de autos el criterio mantenido por esta Audiencia Provincial en sus Sentencias de 15­5­2003, 30­6­2003 y 11­7­2003, a partir de la doctrina sentada por el Pleno del TC en la Sentencia 167/2002, de 18 de septiembre, reiterada posteriormente en la SS.T.C. 197/2002, 198/2002, 200/2002, de 28 de octubre, 212/2002, de 11 de noviembre y 230/2002, de 9 de diciembre, sobre la exigencia de respetar, en cuanto integran el contenido del derecho a un proceso con todas las garantías, los principios de publicidad, inmediación y contradicción en la valoración de las pruebas en la segunda instancia penal; resoluciones que concluyen afirmando que en el ejercicio de las facultades que el art. 795 L.E.Crim. otorga al Tribunal “ad quem”, deben respetarse en todo caso las garantías constitucionales establecidas en el art. 24.2 CE, garantías que el TC viene considerando que no se respetarían si la Sala de apelación, sin mediar el principio de inmediación, procediera a una nueva valoración de las pruebas practicadas corrigiendo la efectuada por el órgano “a quo”; de ahí que las Sentencias reseñadas, en aplicación de la doctrina establecida en la S.T.C. 167/2002, señalen que “el respeto por la Audiencia Provincial de los principios de publicidad, inmediación y contradicción, que forman parte del derecho a un proceso con todas las garantías, impedía que valorase por sí misma aquellos medios de prueba sin observancia de los mencionados principios, dado su carácter personal, y que corrigiera con su propia valoración la del Juzgado de lo Penal”; doctrina de la que se ha hecho eco la Sala Segunda del TS en Sentencia de 10­12­2002, recordando que en nuestra modalidad de apelación no se puede proceder a una nueva valoración de las pruebas realmente practicadas en la primera instancia prescindiendo del principio de inmediación, de ahí que las Audiencias Provinciales deban respetar la valoración probatoria íntimamente vinculada a los principios de contradicción e inmediación. Hay que tener en cuenta que la cuestión queplantea la parte apelante no es un error con apoyo en prueba documental que podría ser objeto de examen por esta Sala sin vulnerar la anterior doctrina constitucional, sino que se invoca como apoyo del recurso la declaración en el Juicio de las partes. La Audiencia Provincial no puede condenar a un sujeto absuelto en primera instancia sin respetar los principios de inmediación y contradicción, pues de otro modo vulneraría el derecho a un proceso con todas las garantías (en igual sentido, STC 198/2002 [RTC 200298] y 200/2002, de 28 de octubre [RTC 200200], y 170/2002, de 30 de septiembre [RTC 200270]). Lo que establece por tanto el Tribunal Constitucional, es una limitación de las facultades de los tribunales de apelación para la revisión fáctica en perjuicio del reo, limitación derivada de nuestro modelo procesal de apelación penal, que es un modelo de apelación limitada al no incluir la reproducción probatoria lo que resalta de esta doctrina es la imposibilidad de que un tribunal que no haya presenciado determinadas pruebas ­que exigen la inmediación para su valoración­ dicte una sentencia condenatoria en contra del criterio del juez que celebró el juicio, precisamente con base en tales pruebas. En estos casos, el criterio del juzgador «a quo», basado en la especial ventaja que le proporciona la inmediación, resulta inamovible. La doctrina constitucional así interpretada no es nueva, pues viene siendo criterio jurisprudencial constante de la Sala 2ª del Tribunal Supremo (vgr.SS. 24­octubre­2000 [RJ 2000794] y 8­julio­ 1992 [RJ 1992551], entre muchas), y la consecuencia para el caso que nos ocupa es que no podemos variar el pronunciamiento absolutorio porque se basa en pruebas cuya valoración viene condicionada por la inmediación y la contradicción. En este sentido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado más recientemente en su sentencia de 27 Jun. 2000 (TEDH 200045) ­caso Constantinescu contra Rumania, §§ 54 y 55, 58 y 59­ que cuando la instancia de apelación está llamada a conocer de un asunto en sus aspectos de hecho y de Derecho y a estudiar en su conjunto la cuestión de la culpabilidad o inocencia del acusado, no puede, por motivos de equidad del proceso, decidir esas cuestiones sin la apreciación de los testimonios presentados en persona por el propio acusado que sostiene que no ha cometido la acción considerada infracción penal, precisando en ese supuesto que, tras el pronunciamiento absolutorio en primera instancia, el acusado debía ser oído por el Tribunal de apelación especialmente, habida cuenta de que fue el primero en condenarle en el marco de un procedimiento dirigido a resolver sobre una acusación en materia penal. Doctrina que reitera en la sentencia de 25 Jul. 2000 (TEDH 200004) ­caso Tierce y otros contra San Marino, §§ 94, 95 y 96­, en la que excluye que la ausencia de hechos nuevos sea suficiente para justificar la excepción a la necesidad de debates públicos en apelación enpresencia del acusado, debiendo tenerse en cuenta ante todo la naturaleza de las cuestiones sometidas al Juez de apelación. En el presente caso, insistimos, es de plena aplicación la anterior doctrina puesto que el recurrente reprocha, no con carácter exclusivo, pero sí fundamentalmente, a la sentencia un error en la apreciación de la prueba por parte del juzgador sobre la acreditación de la forma de desarrollarse el incidente, revisión la dicha que está vedada a esta Sala con la correlativa desestimación del recurso de apelación interpuesto.
TERCERO.­ Las costas de esta alzada se impondrán al recurrente al haberse desestimado el recurso de apelación interpuesto. Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Desestimando el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de fecha 2 de abril del año 2.014 dictada por el JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3 DE GUADALAJARA, debo CONFIRMAR y CONFIRMO la resolución apelada con imposición al recurrente de las costas de la alzada. La presente resolución es firme y contra la misma no cabe recurso alguno. Cumplidas que sean las diligencias de rigor, con testimonio de esta resolución, remítanse las actuaciones al Juzgado de origen para su conocimiento y ejecución, debiendo acusar recibo. Así, por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronuncio, mando y firmo.PUBLICACIÓN.­ Dada y pronunciada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado que la firma y leída que fue, en el mismo día de su fecha, de lo que yo, el Sectario, certifico

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