CONTRATOS

 AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD

En nuestro Derecho, carecen de esta capacidad los menores no emancipados y los
Incapacitados, es decir, se establece una presunción general de capacidad de todas
las personas para obligarse, salvo para los menores no independizados y las personas declaradas incapacitadas por sentencia judicial tras oportuno procedimiento.
Por lo demás, no cabe confundir las incapacidades, que en atención a las circunstancias subjetivas de ciertas personas suprimen, retrasan o condicionan la aptitud de éstas para realizar válidamente todos o algunos actos jurídicos; con las “prohibiciones para contratar” que, por Imposición de la Ley, alcanzan a ciertas personas, y que normalmente atienden a razones de moralidad fundadas en el tipo de vinculación existente entre aquellas.

El propio Código Civil, de 1889, establece límites en numerosos artículos a “la libertad de contratación, constituyendo uno de los principales la distinción entre el “Derecho voluntario” (“ius dispositivum”), que libremente puede alterarse por las partes, y el “Derecho necesario” (“iuscogens”), sobre el que no cabe pacto alguno por disposición de la Ley, la moral o el orden público. Con posterioridad, la implantación del denomina-

do “Estado del bienestar” (“wellfare state”), caracterizado por un mayor intervencionismo estatal en ciertas áreas que anteriormente eran de libre disposición, supuso la aparición de la actual concepción del principio de la autonomía de la voluntad que se refleja en un ámbito de libertad contractual cada vez más reducido, reforzándose al máximo su finalidad estrictamente patrimonial. Así, por ejemplo, unas veces queda excluida en aras del interés colectivo superior, como en las materias relacionadas con el Derecho público; y otras reducida a su mínima expresión, como en el ámbito de las relaciones familiares, donde los interesados se limitan a prestar su consentimiento pero el contenido de los derechos y deberes que integran cierta institución, como el matrimonio, viene imperativamente establecidos por Ley, por Derecho necesario, excluyendo todo pacto o modificación.

ELEMENTOS DEL CONTRATO

Como todo negocio jurídico, el contrato debe reunir ciertos elementos para desplegar plenos efectos, sin que todos tengan la misma importancia, pudiendo distinguir entre los llamados elementos esenciales, naturales y accidentales del contrato.
Los elementos naturales son aquellos que normalmente prevé cada contrato, a no ser que las partes los eliminen (por ejemplo, el vendedor responde en caso de evicción aunque nada se haya pactado, dice el artículo 1475.2; y el depósito es esencialmente gratuito, aunque se pueda pactar una retribución).

Los elementos accidentales son aquellos que expresamente establecen e incorporan al contrato las partes en virtud del principio de la autonomía de la voluntad.

Finalmente, los elementos esenciales son aquellos sin los cuales no puede existir el contrato, como son, el consentimiento de los contratantes, objeto cierto que sea materia del contrato, la causa de la obligación que se establezca (artículo 1261 del Código
Civil) y, en ocasiones, la forma de su otorgamiento.

1. Consentimiento

Partiendo de que la voluntad constituye el principal de los elementos del contrato, entendida como libertad de contratación y de contratar; en ocasiones, la propia Ley exige una capacidad específica para celebrar ciertos contratos, convirtiéndose entonces esta peculiaridad en un elemento esencial más a cumplir, por ejemplo, no basta con ser mayor de edad e independiente económicamente para adoptar a una persona sino que además se han de tener catorce años más que la persona que se pretende adoptar.

En cualquier caso, y además de capacidad, para que el consentimiento, entendido como el concurso de la oferta y la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato (artículo 1262), sea válido deberá haberse emitido libre y conscientemente y la falta de cualquiera de estos dos presupuestos determina la aparición de los denominados “vicios del consentimiento”, que pueden afectar bien a la propia declaración de voluntad, bien a la formación de la misma. Los vicios en la declaración se producen cuando, siendo lo normal la plena coincidencia entre la voluntad interna de una persona y la declarada, se produce una divergencia en las mismas, manifestándose una voluntad distinta a la realmente querida.

La divergencia entre la voluntad declarada, o externa, y la realmente querida interna, podrá ser consciente o inconsciente, produciendo muy diversos efectos. En caso de divergencia inconsciente donde existe un mero error en la declaración, tienen declarado Doctrina y jurisprudencia que debe prevalecer la voluntad interna en atención a la buena fe que sufre el error y a la necesidad de velar por la seguridad del tráfico jurídico. De otro lado, los supuestos de divergen consciente admitidos van desde la declaración emitida sin seriedad, pero sin intención de engañar (donde también debe prevalecer la voluntad interna); pasan por la “reserva mental”, donde se emite una declaración con la intención, no necesariamente maliciosa, de hacer creer la contraparte que verdaderamente se tiene esa voluntad (donde se impone la voluntad declarada, salvo cuando la reserva mental fuera conocida por la otra parte hasta la simulación, donde ambas partes conscientemente y de común acuerdo deciden, con fines de engaño, aparentar un negocio inexistente (simulación ab luta) o existente (en la simulación relativa pero distinto al realmente querido (ejemplo típico es el de la simulación de um
donación bajo la apariencia de una compraventa con precio simbólico).

Los vicios que afectan a la propia formación de la voluntad son aquellos que directamente afectan a los elementos estructurales de la misma y suponen bien falta de libertad (como en la violencia. coacción física, y la intimidación, o “moral”) o bien la falta de conocimiento, (así, en el error, entendido como conocimiento equivocado o incompleto, ya sobre la persona, cosa o servicio o sobre la norma que lo disciplina; y el dolo, como maquinación o artificio empleado por uno de los contratantes para engañar al otro sin el que no se hubiera contratado o se habría hecho en condiciones distintas).

Finalmente, recordar que la Doctrina científica y la Jurisprudencia “vienen exigiendo sin fisuras que el concurso de la oferta y la aceptación, como requisitos indispensables para la aceptación del contrato, han de contener todos los elementos necesarios para la existencia del mismo, y coincidir exactamente en sus términos, debiendo constar la voluntad de quedar obligados los contratantes, tanto por la oferta propuesta, como por la aceptación correlativa a la misma” (Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1996). Doctrina que adquiere especial relevancia en el ámbito de la contratación a distancia, admitida expresamente por el artículo 1262 del Código Civil, donde el concurso entre la oferta y la aceptación no se produce en un solo acto, (ejemplo típico es el de la contratación vía telefónica o telemática) habida cuenta de la Doctrina Jurisprudencial contenida en, entre otras, las Sentencias de 26 de febrero de 1994 y 28 de junio de 1993, relativa a que “la conjunción oferta-aceptación debe ser coincidente y cualquier modificación por el destinatario supone la continuación de las relaciones preliminares que su contraoferta ocasiona; dicha aceptación ha de ser, con independencia de la forma con que se manifiesta, en todo caso concluyente y definitiva para exteriorizar’ de forma inequívoca la voluntad de aceptar”.

2. Objeto

El objeto del contrato viene integrado por las cosas y servicios que son materia de las obligaciones de dar o de hacer, aunque, en su sentido más técnico, el principal objeto del contrato es la propia obligación que por éste se constituye entre las partes. La validez del objeto depende de que éste sea real, lícito y determinado o determinable, el objeto no real, puede determinar la existencia de simulación, pero que sea real no significa que deba existir al momento de contratar. El Código Civil admite, a salvo las prohibiciones que expresamente se establecen, la validez del pacto que recae sobre cosas futuras, es decir, aquellas que “si bien en el momento de la perfección no existen, las partes pactan sobre él en la confianza de que llegará a tener existencia” (Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 1998), por ser previsible, con arreglo al curso normal de los acontecimientos, que ésta llegue a tenerla (ejemplo típico de contratación sobre cosa futura lo constituye la compraventa de vivienda sobre plano). Asumiendo entonces las partes el compromiso de realizar además cuantos actos sean necesarios para que la cosa llegue a tener existencia, incluyendo la omisión de toda conducta que ponga en peligro la misma.

Además de las cosas y servicios imposibles (artículo 1272 del Código Civil), deben quedar excluidos del ámbito contractual las cosas que están fuera del comercio de los hombres, es decir, los excluidos de la libre disponibilidad de los individuos (como los bienes de dominio público o las materias que quedan excluidas de la libertad contractual) y los servicios contrarios a las leyes o a las buenas costumbres (artículo 1271 del Código Civil). Finalmente, el objeto debe quedar perfectamente determinado desde el otorgamiento del contrato o bien ser fácilmente determinable a través de criterios preestablecidos, ya dependan o no de la voluntad de las partes o, incluso, de un tercero (artículos 1273, 1447, 1448 01690 del Código Civil). “La determinabilidad por tanto equivale a la posibilidad de reputar como cierto el objeto del contrato siempre que sea posible determinarlo con sujeción a las disposiciones contenidas en el mismo; es claro que la determinación no puede dejarse ni al arbitrio de ninguno de los contratantes (artículo 1256) ni a un nuevo acuerdo entre ellos” (Sentencia del Tribunal Supremo de
10 de octubre de 1997).

3. Causa

El último elemento esencial establecido por el artículo 1261-del Código Civil es la causa sobre la que se impone una concepción objetivista en nuestro Derecho, pues es definida como la función económico-social pretendida por las partes, con independencia de los motivos que. las llevaron a su otorgamiento. Dice el Tribunal Supremo en, entre otras, las Sentencias de 4 de mayo de 1987 y 8 de febrero de 1996, que “el artículo 1274 del Código Civil al concretar que en los contratos onerosos se entiende por causa para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte, no da un concepto de la misma, sino que la especifica con sentido objetivo para los contratos de igual clase Significando el fin que persigue, ajeno a la nueva intención o subjetividad que Significan los móviles, acogibles sólo cuando sean reconocidos por ambas partes contratantes y exteriorizados P01- su relevancia”. Lo mismo cabe afirmar respecto de los contratos remuneratorios, cuya causa es “el servicio o beneficio que se remunera”, y los gratuitos o de pura beneficencia, con causa en “la mera liberalidad del bienhechor” (artículo 1274 del Código Civil). La causa, además de verdadera, habrá de existir y ser lícita, aunque esto se presume, salvo prueba en contrario (artículos 1275
y 1277).

4. Forma

Finalmente, la forma se constituye también en elemento esencial de ciertos
contratos, pues, con carácter general ” los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez” (artículo 1278 del Código Civil o 51 del Código de Comercio). Por ello, nos 1) el pacto escrito, sino también el verbal produce plenos efectos vinculantes para las partes en nuestro ordenamiento jurídico. Y, a salvo los concretos supuestos previstos por Ley de otorgamiento de escritura pública (fundamentalmente en el artículo 1280), también el documento privado, otorgado sin intervención de fedatario alguno, tiene fuerza de ley para los contratantes. En cualquier caso, si la ley exigiere otorgamiento de escritura u otra forma especial para hacer efectivas la obligaciones propias de un contrato, también podrán las partes exigirse la misma recíprocamente “desde que hubiere intervenido el consentimiento y demás requisitos para su validez” (artículo 1279 del Código Civil).

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