Planteamiento de cuestión Prejudicial

 Escrito plantando una cuestión prejudicial.

Juzgado de Instrucción n.º ………. 

Procedimiento del Tribunal del Jurado ……………./…………..

Al juzgado 

DÑA. ………., Procuradora de los Tribunales y de DÑA. ………., según tengo acreditado en el procedimiento arriba referenciado, ante el Juzgado comparezco y mejor proceda en Derecho, DIGO: 

Que habiéndose practicado las diligencias de investigación propuestas por las partes en la comparecencia prevista en el art. 25 LOTJ, al amparo del art. 4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 24 de la Constitución y demás disposiciones concordantes, por medio del presente escrito vengo a solicitar sea planteada cuestión prejudicial contable, dando traslado, a tal efecto, al Tribunal de Cuentas de los antecedentes que sean necesarios, al objeto de que por éste se concrete el importe de los daños y perjuicios pretendidamente causados en los sedicentes caudales o efectos públicos objeto de las presentes actuaciones, todo ello con suspensión de la tramitación de la presente causa hasta tanto no se pronuncie el antedicho Tribunal de Cuentas. 

Fundamento la anterior solicitud en las siguientes 

ALEGACIONES 

ÚNICA. La cuestión prejudicial que se plantea, con suspensión de la tramitación del presente procedimiento penal, tiene su apoyo en el art. 4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como en los arts. 17 y 18 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y el art. 49.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 

Efectivamente, de una interpretación conjunta de todos los antedichos preceptos, es indudable que cuando nos hallemos ante alguno de los delitos del Capítulo VII, Título XIX, Libro II del Código penal, y con independencia de que sólo al Tribunal penal corresponda la declaración de existencia o inexistencia de hechos pretendidamente delictivos (y, por ende, la apreciación de unos determinados datos como indicios racionales de criminalidad), una vez superada o afirmada esa existencia por parte del Juez Penal, éste debe remitir al Tribunal de Cuentas los antecedentes necesarios para que por éste, a su vez, se concrete la cuantía de los daños y perjuicios causados en los caudales o efectos públicos. 

La especialización de la jurisdicción del Tribunal de Cuentas efectivamente conlleva que sea la única instancia autorizada, por Ley, para la determinación y concreción de los citados perjuicios y daños al Erario Público. 

Efectivamente, el art. 18.2 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas establece taxativamente lo siguiente: 

Cuando los hechos fueren constitutivos de delito, la responsabilidad civil será determinada por la Jurisdicción contable en el ámbito de su competencia. 

A su vez, el art. 49.3 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, afirma: 

Cuando los hechos fueren constitutivos de delito, con arreglo a lo establecido en el art. 18.2 de la Ley Orgánica 22/1982, el Juez o Tribunal que entendiere de la causa se abstendrá de conocer de la responsabilidad contable nacida de ellos, dando traslado al Tribunal de Cuentas de los antecedentes necesarios al efecto de que por éste se concrete el importe de los daños y perjuicios causados en los caudales o efectos públicos.

La literosuficiencia de los preceptos enunciados ha sido ratificada por la sentencia de ….. de ………. de …… del Tribunal Supremo, al reconocer expresamente la competencia exclusiva de la jurisdicción contable para fijar la responsabilidad CIVIL derivada de aquellos comportamientos dolosos o negligentes por parte de quienes tengan a su disposición caudales o efectos públicos. 

Dicho de otro modo, cuando de malversación de caudales públicos se trate, la acción penal, como es lógico, sólo puede ser ejercida ante la jurisdicción penal y de conformidad con el proceso penal. Sin embargo, para la determinación de las cuantías a exigir como responsabilidad civil derivada de aquellos delitos, el único órgano competente al efecto es el Tribunal de Cuentas, a quien necesariamente se debe dar traslado de todos los antecedentes para que pueda concretar y fijar esa determinada cuantía. 

A estos efectos, no nos hallamos con una disposición legal que, por decirlo así, obligue al Tribunal penal a utilizar imperativamente al Tribunal de Cuentas como único perito aceptable o aceptado a la hora de concretar las cuantías malversadas, sino que lo que la Ley establece es una suerte de cuestión prejudicial de obligado planteamiento para el Juez penal que pretenda enjuiciar comportamientos en los que hayan podido ser afectados caudales o efectos públicos, de modo tal que el único órgano jurisdiccional (y no mero perito) que acepta la Ley como competente para la fijación y determinación de la misma cuantía de los daños y perjuicios derivados de aquellos comportamientos (es decir, la responsabilidad civil ex delicto), es el Tribunal de Cuentas. 

Por otra parte, es igualmente indudable que esa imperativa remisión al Tribunal de Cuentas para que éste se pronuncie sobre las concretas cuantías que se dicen malversadas, debe producirse siempre con carácter previo al ejercicio de la acusación por parte del Ministerio Fiscal y resto de acusaciones personadas, y ello por la sencilla razón de que, dado que los delitos de malversación de caudales públicos vienen determinados por la cuantía, sólo conociendo ésta (fijada a su vez por el único órgano competente para su concrección, el Tribunal de Cuentas), podrán delimitar las acusaciones el objeto de sus pedimentos, para que, a su vez, puedan enjuiciarse por el órgano judicial penal esos concretos delitos por los que se acusa. 

En este sentido, incidimos en que nos hallamos ante una auténtica cuestión prejudicial jurisdiccional, en el sentido enunciado en la STS de 5 de noviembre de 1991 (Sala 2.ª: las cuestiones prejudiciales jurisdiccionales constituyen un medio para la fijación de los hechos de la sentencia penal, en cuanto que los Tribunales de lo penal no pueden disentir ni prescindir de lo resuelto por las jurisdicciones civil a los efectos presentes, también contable o contencioso-administrativa para tomar las premisas lógico-jurídicas de su propio fallo…..). 

Y así, al venir determinada la pena en los delitos de malversación por la cuantía de lo malversado, sólo una vez que el Tribunal de Cuentas se haya pronunciado sobre esa cuantía, podrá el Tribunal del Jurado, en su caso, enjuiciar a mi patrocinado respecto del concreto delito y pena correspondientes al importe por aquél determinado y por las acusaciones necesariamente asumido. De lo contrario, de no accederse a lo solicitado, nos encontraríamos ante una situación de indefensión, que derivaría a su vez en la posibilidad de obtener un pronunciamiento penal sobre la base de unos hechos (=cuantía de lo malversado) que en cualquier momento podrían ser revisados por el Tribunal de Cuentas, con la consiguiente inseguridad jurídica que de ello se derivaría. 

Por todo ello, y teniendo en cuenta a su vez que el Auto de la Ilma. Sección …..ª de la Audiencia Provincial de …….., de fecha ….. de ………. de ……, ya se pronunció, en un supuesto similar, en el mismo sentido ahora interesado, procede y

 SUPLICO AL JUZGADO que teniendo por presentado este escrito, con sus copias, se sirva admitirlo y, de conformidad con los razonamientos contenidos en el cuerpo del presente escrito, se sirva: 

1.º Tener por planteada cuestión prejudicial contable. 

2.º Remitir, en consecuencia, al Tribunal de Cuentas, todos los antecedentes contenidos en las presentes actuaciones, al objeto de que por el mencionado Tribunal de Cuentas se concrete el importe de los daños y perjuicios que se puedan haber causado en los caudales o efectos en su día manejados por mi patrocinada. 

3.º En tanto no sea determinada y concretada esa cuantía por el repetido Tribunal de Cuentas, suspender la continuación del presente procedimiento.

Es Justicia que pido en ………., a ………………. 

Fdo. ………. Fdo. ………..

Colegiado n.º ………. Procuradora

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