Revisión Civil

               RECURSO DE REVISIÓN CIVIL

           CONCEPTO RECURSO DE REVISIÓN 

recurso de revisión civil La Ley de Enjuiciamiento Civil, al regulado en su Título VI del Libro II (artículos 509 a 516) no utiliza ningún sustantivo para designar este medio de impugnación, limitándose a llamado simplemente “revisión”, pero el empleo de determinadas expresiones, como “demanda de revisión” (artículos 513.1 y 514), el tratamiento procedimental que se otorga a su sustanciación (artículo 514) y la misma ubicación sistemática de su regulación, ponen de relieve que se le atribuye el carácter de proceso autónomo en el que se ejercita una pretensión constitutiva tendente a modificar la situación jurídica creada con la sentencia firme dictada en un proceso anterior. El proceso de revisión ha tenido y tiene un carácter marcadamente extraordinario que se traduce, de un lado, en su necesaria fundamentación en las causas taxativamente enumeradas en la Ley y, de otro, en la interpretación rígida y restrictiva de los supuestos que las integran. Desde esta perspectiva, la jurisprudencia (Sentencias del Tribunal Supremo, Sala 1″, de 16 abril 1996 y 27 julio 1999, entre otras) ha declarado con reiteración que la revisión no constituye una nueva instancia del proceso sometido a ella, ni permite un nuevo examen o enjuiciamiento de las cuestiones ya debatidas y resueltas en él (Sentencia del Tribunal Superior de justicia de Navarra de 27 enero 2003). La revisión no entra en la categoría de los recursos y constituye una pretensión impugnativa de la sentencia firme sobre una base fáctica nueva y diferente de la que fue tratada en el proceso anterior (Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 158/1987, de 20 de octubre), teniendo la consideración de proceso o juicio autónomo (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1′, de 18 de marzo de 1998).

De lo dicho se desprende que la revisión no es un recurso (Sentencia del Tribunal Constitucional número 158/1987, de 20 de octubre), pues no se continúa el mismo proceso en otra fase o etapa, sino que se trata de un nuevo proceso, por cuanto:

 a)         La revisión sólo procede contra sentencias firmes que resuelvan sobre el fondo del asunto (artículo 509 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), pero precisamente las sentencias son firmes cuando contra ellas no cabe recurso alguno (artículo 207.2). En ningún caso puede confundirse la revisión con una nueva instancia ni cabe tratar de nuevo en ella las cuestiones debatidas en el pleito en que se dictó la sentencia que se impugna (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1′, de 27 mayo 2003).

b)         Si fuese un recurso procedería única- mente contra las sentencias del Tribunal Supremo, es decir, guardando el orden debido y evitando la revisión ”per saltum”; pero no es así, pues mediante la revisión pueden impugnarse todas las sentencias firmes, sea cual fuere el órgano jurisdiccional que las dictara.

c)         La pretensión que se ejercita en la revisión no es la misma que se ejercitó en el proceso anterior, diferenciándose en la fundamentación y en la petición (los elementos objetivos que identifican el objeto del proceso); los recursos continúan el proceso en una fase distinta; la revisión tiene como fundamento los hechos calificados de motivos de revisión y como objeto la petición de que se rescinda la sentencia firme. Como dice la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1″, de 30 de septiembre de 2002: “tal remedio rescisorio y extraordinario o, si se prefiere, acción autónoma, no puede estimarse en puridad recurso, pues procede contra sentencias firmes, aquéllas contra las que no cabe recurso alguno, bien por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado (artículo 207.2).

Presenta carácter extraordinario, en cuanto vulnera el principio riguroso y casi absoluto de irrevocabilidad de los fallos que hayan ganado firmeza, requiere que la interpretación de los supuestos que lo integran, haya de realizarse con criterio restrictivo”.

La cualidad de remedio extraordinario de esa pretensión impugnatoria que afecta a la cosa juzgada, exige que la interpretación de los supuestos que permiten su ejercicio se realice con criterio restrictivo (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1, de 27 marzo 2003).

                   COMPETENCIA 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 56.1 y 73.l.b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su actual redacción, a la que expresamente se remite el artículo 509 Ley de Enjuiciamiento Civil, resulta lo siguiente:

a)         Con carácter general, el conocimiento de la revisión se atribuye a la Sala Civil del Tribunal Supremo.

b)         Corresponderá su conocimiento a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia cuando concurran las siguientes circunstancias:

            .-  Que se trate de sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales radicados en la comunidad autónoma;

            .- Que el Estatuto de Autonomía haya previsto esta competencia;

            .-  Que la demanda de revisión se interponga contra sentencias que apliquen normas propias del Derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad. Contra el

Auto de la Sala de lo Civil y Penal que declara su incompetencia para conocer de un juicio de revisión no cabe recurso alguno, ni siquiera el de reposición.

   PLAZO PARA RECURSO DE REVISIÓN

Plazos de ejercicio y de interposición.

El ejercicio de la pretensión de rescisión de una sentencia firme está sometido a una doble limitación temporal:

a) Solamente es posible promover el juicio de revisión dentro de un determinado período de tiempo que la Ley fija en cinco años, a contar desde la fecha de la publicación de la sentencia que se pretenda impugnar (artículo 512.1);

b) Dentro de dicho período de cinco años, fuera del cual no cabe la revisión, el plazo para el ejercicio de la acción es de tres meses, a contar desde el día en que se tuvo conocimiento del hecho integrante del motivo que se invoca como fundamento de la pretensión rescisoria, es decir, desde aquél en que se hubieren descubierto los documentos nuevos, el cohecho, la violencia o el fraude, o se hubiere reconocido o declarado la falsedad (artículo 512.2). El Tribunal Constitucional ha reconocido y declarado la constitucionalidad de esta limitación temporal para promover el juicio de revisión (Sentencia número 158/1987).

Los dos plazos que en el artículo 512 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se fijan son de caducidad, en cuanto se refieren al ejercicio de una pretensión que la ley concede con vida ya limitada de antemano, de manera que dicha posibilidad de ejercicio se extinguirá fatalmente cuando haya transcurrido el periodo temporal de vigencia que le ha sido establecido de manera taxativa. Consecuentemente, dichos plazos no serán prorrogables ni susceptibles de interrupción (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala la, 17 de junio de 2004). Ello no obstante, pese a no ser admisible en su cómputo el juego de la interrupción ni de la suspensión, esta exclusión no será aplicable en aquellos supuestos en los que sea la propia ley la que las impone, cual acontece en los casos de prejudicialidad penal contemplados en el artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en los cuales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, durante la tramitación de la cuestión prejudicial no operará el plazo absoluto de caducidad de cinco años a que se refiere el apartado primero del precepto comentado. Al tratarse de unos plazos de caducidad, su observancia debe vigilarse de oficio por el órgano jurisdiccional. Además, el Tribunal Supremo ha reiterado la necesidad de que el demandante justifique con toda precisión que se interpone la demanda de revisión dentro del plazo de tres meses (Sentencias del Tribunal Supremo, Sala 1″, de 16 de octubre de 2002 y 27 de abril de 2004).

            QUIÉN PUEDE INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN CIVIL

La legitimación activa para interponer la demanda de revisión se atribuye en el artículo 511 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a “quien hubiere sido parte perjudicada por la sentencia firme impugnada”. La cualidad de parte legítima corresponde, en principio, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a quienes hubieren comparecido y actuado en el anterior juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso, tanto si intervinieron como demandantes cuanto si lo hicieron como demandados. La noción de parte legítima para solicitar la revisión debe completarse con el requisito del gravamen exigido por este artículo 511 al referirse a la ”parte perjudicada”, de lo que se deriva una doble consecuencia:

1º   Sólo podrá promover la revisión quien haya resultado perjudicado por la sentencia firme dictada en el proceso de que se trate, al haberle sido desestimada en todo o en parte la pretensión o la resistencia deducida en él no podrá promoverlo el demandante a quien se estimó íntegramente la demanda ni el demandado que resultó absuelto.

2º La jurisprudencia (Sentencias del Tribunal Supremo, de 8 noviembre 1995 y 27 julio 1999, entre otras), ha venido entendiendo que además de quienes fueron parte en el proceso anterior, están también legitimados para interponer la demanda de revisión quienes no habiendo intervenido como parte en él pudieron haberlo hecho y hayan de quedar afectados desfavorablemente por el resultado de la sentencia dictada en el mismo; concretamente todos aquellos que por estar interesados directamente en la relación objeto del litigio debieron ser llamados al proceso y no lo fueron, viéndose luego afectados por el resultado del mismo.

La legitimación pasiva viene referida en el artículo 514.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando indica que en el juicio de revisión se emplazará a cuantos hubieren litigado en el pleito cuya sentencia se impugne, o a sus causahabientes. Con la primera expresión se está haciendo referencia a todos los que hubieren intervenido en el proceso anterior y no sean demandantes en el juicio de revisión; y con la segunda a quienes tras la finalización del anterior proceso, hayan sucedido a los titulares de la relación jurídica en él debatida y resuelta, ya sea por título “inter vivos” o “mortiscausa”.

El Ministerio Fiscal no es parte en el juicio de revisión, ni está legitimado para promoverlo. Su intervención, a la que se refiere el artículo 514.3, lo es a los solos efectos de “informar”, antes de que se dicte sentencia, sobre la procedencia de la demanda. Se trata, en definitiva, de la emisión de un dictamen que se le requiere en consideración a la significación de los hechos que integran los motivos de revisión y que obedece a la naturaleza de la función que el mismo desempeña en orden a la promoción de la justicia y de la defensa de los derechos de los ciudadanos, procurando la tutela del interés público en que no se perpetúen situaciones que pudieran ser injustas.

  PRESUPUESTOS DEL ACTO INICIAL 

El depósito. Para poder interponer la demanda de revisión será indispensable que a ella se acompañe documento justificativo de haberse depositado en el establecimiento destinado al efecto la cantidad de trescientos euros, que será devuelta si se estimare la demanda de revisión (artículo 513.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). La obtención del beneficio de justicia gratuita solicitada para promover la revisión eximirá del cumplimiento de este requisito, conforme a lo establecido en el artículo 6.5 de la Ley

1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. También esta exento de constituir el depósito el Estado. La falta o insuficiencia del depósito son susceptibles de subsanación posterior en un plazo máximo de cinco días, conforme a lo previsto en el apartado número 2 del artículo 513. Transcurrido el plazo señalado sin haberse depositado la cantidad exigida, se dictará auto (artículo 206.2.2) acordando la inadmisión de la demanda.

            RESOLUCIONES IMPUGNABLES

La revisión únicamente procede respecto de las sentencias que hayan alcanzado la condición de firmes y que produzcan efectos de cosa juzgada material. Son sentencias firmes aquéllas respecto de las que no cabe recurso alguno, bien por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin haberlo interpuesto (artículo 207.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil); y producen efectos de cosa juzgada material aquellas sentencias firmes que estimando o desestimando lo que sea objeto del pleito, resuelven definitivamente la cuestión litigiosa, excluyendo cualquier proceso ulterior sobre la misma materia entre las personas y en las circunstancias establecidas en el artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No resultará, por tanto, procedente este medio de impugnación respecto de las sentencias firmes dictadas en los procesos sumarios mencionados en el artículo 447 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues tras la decisión de estos últimos existe la posibilidad de promover un juicio plenario posterior sobre el mismo objeto.

Asimismo, la sentencia objeto de la revisión será, en cada caso, la que en el desarrollo del proceso plenario haya alcanzado la cualidad de firme, pudiendo ser la de primera instancia, la de apelación que haya revocado y sustituido a la anterior, o la de casación que haya estimado el recurso y resuelto sobre el tema de fondo, por lo que quedan también excluidas de la revisión aquellas sentencias que no se han pronunciado sobre el fondo del asunto estimando o desestimando la pretensión, las llamadas “sentencias procesales”, bien porque lo son de absolución en la instancia (con las escasas posibilidades que tienen de existir en el proceso regulado por la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000), bien porque se limitan a declarar la nulidad de lo actuado, que es lo que puede ocurrir en el recurso extraordinario por infracción procesal.

Del tenor literal de lo dispuesto en el artículo 509 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se desprende que sólo son recurribles las sentencias, lo que excluye los autos, cualesquiera autos (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala la, de 16 septiembre de 1992). Sin embargo sí cabe la revisión contra el laudo arbitral, pues la sentencia dictada por la Audiencia Provincial al conocer de la llamada acción de anulación (artículos 40 a 43 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje), si desestima el recurso, deja como título el laudo (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala P, de 9 abril de 1997), pues el artículo 43 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, señala que el laudo firme, aparte de producir cosa juzgada, es susceptible de revisión conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para las sentencias firmes.

MOTIVOS DE REVISIÓN

La jurisprudencia ha venido señalando como notas características comunes a todos los motivos de revisión, las que seguidamente se mencionan:

a) Las causas o motivos de revisión tienen el carácter de “numerus clausus”, de modo que sólo resulta posible promoverla con base en los específicos supuestos que taxativamente se señalan en la ley, los cuales no son susceptibles de aplicación extensiva a casos distintos de los expresamente previstos en ella (Sentencias del Tribunal Supremo de 21 octubre de 1982,1 de marzo de 1999, y 25 de mayo de 2004).

b)  La interpretación de los supuestos que integran dichos motivos taxativos ha de realizarse de manera restrictiva, pues así lo exige el principio de seguridad jurídica proclamado en el artículo 9.3 de la Constitución, ya que lo contrario llevaría a la inseguridad de situaciones reconocidas o derechos declarados en la Sentencia, con quebrantamiento del principio de la autoridad de la cosa juzgada (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala P, de 17 noviembre de 1998).

c)  Los hechos que dan lugar a la revisión han de haberse producido fuera del proceso en que se hubiere dictado la sentencia que se trata de impugnar.

Los hechos alegados y discutidos dentro del proceso no constituyen novedad alguna que pueda dar lugar a la revisión, pues ya debieron ser tenidos en cuenta al dictar sentencia, y su desconocimiento o su errónea valoración debe denunciarse por la vía ordinaria que ofrecen los recursos (Sentencias del Tribunal Supremo, de 13 abril de 1981, 5 de noviembre de 1986, 9 de diciembre de 1987, y 1 de marzo de 1999).

d) Tales hechos han de descubrirse con posterioridad al momento de haberse dictado la sentencia objeto de la revisión o, más precisamente, con posterioridad al último momento en que hubiere sido posible su alegación o aportación al proceso en que dicha sentencia se dictó (Sentencias del Tribunal Supremo, Sala la, de 18 enero y4 de octubre de 1989 y 1 marzo de 1999).

e)  Entre el hecho integrante del motivo alegado y la sentencia firme cuya rescisión se pretende, ha de darse una relación decisiva de probable eficacia causal, de modo tal que de no haber existido aquel hecho o de haberse tenido conocimiento del mismo en el proceso, el fallo de la sentencia podría haber sido distinto. Adviértase que la estimación de la revisión no tiene que suponer la necesidad de que si existe proceso posterior el fallo de su sentencia sea contrario al primero y rescindido, pues la revisión se basa en la posibilidad, no en la seguridad, de una sentencia errónea o ilegal (Sentencias del Tribunal Supremo, Sala P, 15 enero y 15 julio 1996, y 22 septiembre de 1999).

f)  Además de alegarse con precisión el ordinal en que se base, deberá probarse cumplidamente la realidad de los hechos que lo integran y la concurrencia del nexo causal entre los mismos y la resolución judicial. Se exige así que la causa de revisión quede probada sin lugar a duda sobre su certeza (Sentencias del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 25 mayo de 1999). Los motivos de revisión vienen establecidos en el artículo 510 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que hace una enumeración taxativa, y son los siguientes:

l. Recuperación u obtención de documentos decisivos

El primer motivo es el que se basa en el supuesto de que: “si después de pronunciada la sentencia, se recobraren u obtuvieren documentos decisivos, de los que no se hubiere podido disponer con anterioridad por causa de fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado” (artículo 510.1). El ámbito objetivo de este motivo se amplía en su redacción actual y comprende tanto el supuesto de los documentos recobrados como el de los “obtenidos” por vez primera, y ello comporta distinguir entre: “obtenidos”, que son los que no fueron conocidos ni estuvieron nunca estuvieron a disposición de la parte, y “recuperados”, que son los que en algún momento estuvieron bajo su posesión.

En todo caso, dichos documentos deben ser preexistentes, es decir, anteriores a la sentencia, ya que lo que posibilita la revisión es, precisamente, el que su contenido pudiera haber influido en dicha resolución, lo que sólo resultaría posible en el supuesto de haberse podido aportar al proceso en que la misma se dictó, de no haberlo impedirlo la fuerza mayor o la obra de la parte contraria. Consecuentemente no son aptos para fundar la revisión los documentos cuyo origen sea posterior a dicho momento (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 30 noviembre de 2001). Y tampoco lo serán, lógicamente, aquellos que ya se aportaron al proceso, pues los mismos carecen de toda novedad y ya debieron ser tomados en consideración al dictar sentencia (cosa distinta es que estos últimos resultaren falsos, en cuyo caso sería posible fundar la revisión en el motivo del número 2).

La causa que hubiere impedido su aportación al proceso ha de ser la fuerza mayor o la actuación de la parte en cuyo favor se hubiere dictado la sentencia, por lo que no procede la revisión, con base en este motivo, en aquellos supuestos en los que el documento que se dice recobrado u obtenido se hallara en poder o a disposición de la parte que la promueve, o al alcance de la misma en cualquier protocolo, archivo u organismo público (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1″, de 17 de noviembre de 1998), y mucho menos cuando el documento en cuestión ha sido incluso publicado en algún boletín oficial (caso de la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala P, de 5 abril 2003). Los documentos que aparecieron en el propio hogar del interesado se entiende que han estado en ese lugar y a su disponibilidad (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala P, e 4 octubre 1989, 4 mayo 1992, 24 julio 1992 y 20 abril 1996).

Por fuerza mayor se entiende aquella que es ajena al que la alega y que ha sido suficiente para mantener los documentos fuera de su posibilidad de disposición en tiempo oportuno, debiendo reunir los requisitos de imprevisibilidad, inevitabilidad y falta de negligencia, de modo que a ella no pueden equipararse la mayor o menor dificultad de la búsqueda, ni mucho menos el descuido, la desidia o la imprevisión de la propia parte. Quedan excluidos los casos de culpa o negligencia de la propia parte, pues la no disposición se condiciona a la existencia de fuerza mayor o de actuación de la parte contraria (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala P, de 20 junio 2001).

II. Documentos falsos

El segundo motivo se basa en el supuesto de que la sentencia hubiere recaída “en virtud de documentos que al tiempo de dictarse ignoraba una de las partes haber sido declarados falsos en un proceso penal, o cuya falsedad se declarare después penalmente” (artículo 510.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Tal declaración de falsedad puede haberse efectuado antes o después de haberse dictado la sentencia impugnada, pero en el primer caso, la parte que la alegue, deberá acreditar en el juicio de revisión que no tuvo conocimiento de este hecho en momento oportuno para a1egarlo en el anterior proceso cuya rescisión solicita. Para que el motivo prospere se requiere, primero, que el documento sea declarado falso en sentencia penal y, después, que ese documento hubiera sido decisivo, en el sentido de haber servido de base al pronunciamiento proferido en la sentencia impugnada (Sentencias del Tribunal Supremo, Sala P, de 30 junio 1991, 10 mayo 2001 y 5 octubre 2002).

III. Falso testimonio de testigo o de perito

El hecho que sirve de base al tercer motivo consiste en que la sentencia firme hubiere recaída en virtud de prueba testifical o pericial, y los testigos o los peritos hubieren sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia (artículo 510.3). Esta causa de revisión exige la concurrencia de los dos siguientes requisitos:

 1) Que la sentencia cuya impugnación se pretende haya sido dictada con fundamento determinante en la prueba testifical o pericial, es decir, que el testimonio o la pericia hayan sido decisivos en relación con el contenido del pronunciamiento de la sentencia; y 2) Que el testimonio del testigo o el dictamen del perito hayan sido declarados falsos en un proceso penal en el que se haya condenado a dichos testigos o peritos por el delito de falso testimonio de los artículos 458 a 461 del Código Penal (Sentencias del Tribunal Supremo, Sala P, de 26 mayo 1997).

El falso testimonio ha de haber tenido influencia causal en la sentencia, sin que pueda equipararse al falso testimonio la inhabilidad para ser testigo (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala P, de 12 abril 1996).

El falso testimonio ha de haber tenido influencia causal en la sentencia, sin que pueda equipararse al falso testimonio la inhabilidad para ser testigo (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala la, de 12 abril 1996).

IV. Cohecho, violencia o maquinación fraudulenta

En el apartado 4 del artículo 510 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se configura como motivo de revisión el hecho de que la sentencia se hubiere ganado injustamente como consecuencia de alguno de estos tres tipos de conductas ilícitas: el cohecho (artículos 419 a 423, 425 y 426 del Código Penal), la violencia o la maquinación fraudulenta. Tales conductas, para que la revisión prospere, han de haber tenido una influencia decisiva y causal en la sentencia que se pretende revisar.

 En la jurisprudencia no existe un solo caso de cohecho.

Por violencia ha de entenderse el empleo tanto de la fuerza física como de la intimidación, ya sea sobre las personas que integran el órgano jurisdiccional, ya sobre alguna de las partes del proceso, ya sobre quienes asuman su defensa o representación procesal, con objeto de obtener una sentencia que beneficie a la parte en cuyo provecho se ejerció.

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