RECURSO DE APELACIÓN CONTENCIOSO

 EL RECURSO DE APELACIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Recurso de Apelación contencioso administrativo¿QUÉ ES?
Es un recurso ordinario y devolutivo en virtud del cual se trae la cuestión objeto de la resolución impugnada al “pleno” conocimiento del juez superior (G. Orbaneja). De la definición dada se obtienen las características de este recurso:
Ordinario, en contraposición a recurso extraordinario como puede ser el recurso de casación.
Devolutivo, porque su examen no corresponde al mismo juez que ha dictado la resolución sino al superior, en nuestro caso, a las Salas de lo Contencioso Aministrativo de los Tribunales Superiores de justicia (artículo 10.2 de la Ley 28/1998 y 11.2 de la misma Ley respecto de las resoluciones de los juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo).
Cognición plena. El Tribunal de apelación no se halla constreñido a la hora de resolver por motivos concretos y predeterminados como en el recurso de casación. Tiene como objeto todas las pretensiones impugnatorias de primera instancia y la valoración de la prueba que se practicó.
Tiene como límite la “reformatio in peius” por la cual no puede el Tribunal modificar la sentencia en perjuicio del apelante salvo que el apelado se haya adherido a la apelación convirtiéndose en apelante. La Sala Tercera del Tribunal Supremo (Sección Tercera)
en Sentencia de 26 de mayo de 1999, 10626 reiterando otras, ha establecido: “aunque se traslada al Tribunal ad quem el total conocimiento del litigio, no se concibe como una repetición del proceso de primera instancia, sino como una revisión del mismo, que descansa por tanto en una pretensión revocatoria de la sentencia dictada y, por ende, en el deber procesal de quien la deduce de trasladar un análisis crítico, por escueto que sea, de la decisión que se combate”.
El recurso de suplica no es requisito previo o presupuesto, a diferencia de lo que sucede con el recurso de casación contra autos, para la interposición del recurso de apelación. Es decir, que éste no tiene carácter subsidiario respecto de aquél (artículo 79). Se trata de un recurso de configuración legal (Tribu al Constitucional-Sala Primera, Sentencia 64/2006 de 27 de febrero) pues en caso de inadmisión, el Tribunal Constitucional se limita a comprobar si se apoyan en una causa legal o si ha incurrido en error material patente, en arbitrariedad o en manifiesta irrazonabilidad.

I. RESOLUCIONES APELABLES

En principio son apelables todas las sentencias y autos tanto de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo como de los juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo conforme a los artículos 80 y 81 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa. Ahora bien, a pesar de la aparente generalización del recurso de apelación para todas las resoluciones las excepciones son numerosas como vamos a examinar.
1. Autos
El artículo 80.1 va a determinar una primera gran excepción, al decir que son apelables los autos de los juzgados en “los procesos de primera instancia”. Significa esto que cuando el juzgado actúa en “única instancia”; conforme a las reglas del artículo no cabe recurso de apelación frente a los autos. En definitiva, no cabe recurrir un auto dentro de un proceso contencioso-administrativo ante los juzgados cuando no cabría recurso contra la sentencia según las reglas del artículo 81.
Inicialmente la Ley 29/1998 excluyó de esta regla y permitió la apelación “en todo caso” de los autos de extensión de efectos de los artículos 110 y 111, cerrando esta vía y sometiéndolos a las reglas ordinarias en la redacción del número 2 del artículo 80 tras la modificación del apartado 2 redactado por la Disposición Adicional 14a, siete de la Ley Orgánica 19/2003 de 23 diciembre. El resto de los autos de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo y juzgados Centrales de la Audiencia Nacional sólo son apelables en los siguientes casos:
Los que pongan término a la pieza separada de medidas cautelares. La admisión de la apelación de los autos de medidas cautelares tiene dos dificultades: en primer lugar, se abre la pieza de medidas cautelares ante los juzgados sin conocer en muchas ocasiones la cuantía del proceso lo que puede dar lugar a que se admitan recursos contra las medidas que una vez conocida la cuantía del recurso no se habrían admitido conforme a las reglas del artículo 81.a) a que se hará referencia; en segundo lugar, no todos los autos acordando medidas cautelares son recurribles en apelación ya que se excluyen los regulados en los artículos 135 y 136 de la Ley 29/1998; es decir, el auto de medidas cautelares “inaudita parte” y el auto de medidas cautelares previo a la interposición del recurso.

Autos recaídos en ejecución de sentencia. El precepto no establece ninguna limitación a la apelación fuera de las reglas generales. Es decir, tiene un contenido más amplio que el artículo 87.1.b) para el recurso de casación que exige que resuelva cuestiones no decididas, directa o indirectamente, en aquélla (se refiere a la sentencia) o que contradigan los términos del fallo que se ejecuta, de todas formas, fuera de estos casos se hace inimaginable un recurso de apelación. Los que declaren la inadmisión del recurso contencioso-administrativo o hagan imposible su continuación.
Dentro de los autos de “inadmisión” del recurso tenemos los supuestos de los artículos 51, 58 Y el artículo 78 apartados 7 y 8 de la Ley 29/1998. En virtud del artículo 51 el juez o Tribunal declarará no haber lugar a la admisión del recurso cuando constare de modo inequívoco y manifiesto:
La falta de jurisdicción o la incompetencia del juzgado o Tribunal. La falta de legitimación del recurrente.
Haberse interpuesto el recurso contra actividad no susceptible de impugnación.
Haber caducado el plazo de interposición del recurso; Contra el Auto que declare la inadmisión podrán interponerse los recursos previstos en esta ley. El auto de admisión no será recurrible pero no impedirá oponer cualquier motivo de inadmisibilidad en momento procesal posterior, contra el auto que declare la inadmisión se pueden interponer los recursos previstos en la Ley, es decir, súplica o apelación en función de que sea o no apelable la sentencia con los criterios del artículo 81. El supuesto del artículo 51 es aquel en el que las partes demandadas podrán alegar, dentro de los primeros 5 días del plazo para contestar la demanda, los motivos que pudieren determinar la incompetencia del órgano jurisdiccional o la inadmisibilidad del recurso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 69, sin perjuicio de que tales motivos, salvo la incompetencia del órgano jurisdiccional, puedan ser alegados en la contestación, incluso si hubiesen sido desestimados como alegación previa. Pues bien, el auto desestimatorio de las alegaciones previas no es susceptible de recurso alguno ya que puede plantearse de nuevo en la contestación a la demanda y se resuelve en sentencia que sigue el régimen de apelación de las sentencias del artículo 81 de la Ley. En cambio, de estimarse las alegaciones previas declarando la inadmisibilidad, el precepto se remite al régimen de recursos ordinarios del artículo 80.

Respecto de los autos que hace imposible la continuación tenemos, en primer lugar, el artículos 45.3 que supone un examen por parte del Juez o Tribunal del escrito de interposición y, caso de faltar algún requisito o documento, se debe requerir al interesado de subsanación y sólo caso de no hacerla puede decretar el archivo de las actuaciones, auto que sigue el régimen de súplica o apelación en función de la sentencia. Dentro de este grupo podemos citar igualmente el auto de desistimiento del artículo 74.2, reconocimiento de un derecho por parte de la Administración con posterioridad al inicio del proceso judicial del artículo 76.2 o el auto transaccional del artículo 77.3. Otra cuestión importante es cuando se decreta el archivo por no aportar copia de la resolución, habiendo establecido el Tribunal Constitucional, Sala 2″, Sentencia 59/2003 de 24 de marzo, que no se puede decretar el archivo si el acto está identificado y se está a la espera del expediente.

El gran problema de este precepto se produce cuando lo ponemos en relación con el artículo 81.2.c) de la Ley Jurisdiccional que regula el recurso de apelación de las sentencias “las que declaren la inadmisibilidad del Recurso en el caso de la letra a) del apartado anterior”, es decir, sentencias que por razón de la cuantía del proceso no serían recurribles pasan ser recurribles cuando declaran la inadmisibilidad. Sin embargo, para los autos no existe un precepto simétrico y sólo son recurribles los autos de decretan la inadmisibilidad cuando la sentencia final del proceso es apelable por resolver el Juez de lo Contencioso-Administrativo en primera instancia pero no en instancia única. Esta polémica, fue también objeto de resolución del Tribunal Constitucional en la Sentencia 59/2003, que partió de la afirmación de que ambas interpretaciones puedan quizá admitirse desde la perspectiva de la legalidad ordinaria, entiendendo que la interpretación no es inconstitucional porque no es arbitraria y encuentra pleno respaldo en el artículo 80.1c) de la Ley de la Jurisdicción. Ahora bien, la no declaración de ser contraria a la Constitución de la interpretación hecha por la Sentencia de 15 de febrero de 2001, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha hecho que sea seguida por otros Tribunales Superiores de Justicia como el de Andalucía (sede en Sevilla), en la Sentencia de 12 de enero de 2007; mientras que, otros Tribunales Superiores de Justicia, como el de Valencia, han optado por la solución contraria admitiendo la apelación contra los autos vía artículo 80.1.c) en los mismos supuestos del artículo 81.2.a). Las recaídas sobre las autorizaciones previstas en el artículo 8.5. Este apartado a pesar de su aparente simplicidad tiene su complejidad técnica ya que a diferencia del resto no se inserta dentro de un proceso o procedimiento. Simplemente la Administración solicita la entrada a un domicilio y el Juez la concede o deniega, es decir, no se trata de un auto que el Juez dicta en instancia única o primera instancia; se puede afirmar que no existe la instancia y se parece más a un procedimiento de control del derecho fundamental previsto en el artículo 18 de la Constitución para evitar la “violación del domicilio”. A pesar de su colocación sistemática sólo es competencia de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo no de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo ya que se trata de una previsión recogida que en la actualidad viene contemplada en los artículos 91.2 de esa misma Ley Orgánica del Poder Judicial y 8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de esta Jurisdicción y no en el artículo 9 que recoge las competencias de los Juzgados Centrales. Su objeto no es el examen de la legalidad de la resolución administrativa (Sentencia del Tribunal Constitucional 22/1994; 144/1987 Y 76/1992) sino la competencia y procedimiento seguido ante la Administración así como la posibilidad de audiencia y defensa dentro del mismo junto con la necesidad de entrada y proporcionalidad (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 26 de marzo de 2007).
Autos dictados conforme a los artículos 83 y 84. El artículo 83 trata de autos en virtud de los que se adoptan medidas cautelares que sean pertinentes para asegurar, en su caso, la ejecución de una sentencia apelada y el artículo 84 de los autos acordando la ejecución provisional de sentencias apeladas. Autos de extensión de efectos de los artículos 110 y 111. Como se ha expuesto, antes de la reforma por la Ley Orgánica 19/2003 de 23 diciembre eran apelables “en todo caso”, en la actualidad, sólo son apelables en función del régimen de admisión de la apelación que corresponda a la sentencia cuya extensión se pretende.

2. Sentencias

Parte el artículo 81.1 de la Ley 29/1998 de una premisa general al decir que las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y de los Juzgados
Centrales de lo Contencioso-Administrativo serán susceptibles de recurso de apelación. A continuación en las letras a) y b) establece las excepciones por razón de la cuantía y por razón de la materia electoral.
En su número segundo recoge las sentencias que por aplicación del número 1 no serían apelables pero que el precepto las declara apelables, excepciones que se basan en la materia y cuantía. Excepciones:

Por razón de la cuantía, los procesos de cuantía inferior a 18.030’37 euros no son susceptibles de apelación. Quizás sea este el punto más polémico y controvertido del precepto, la determinación de la cuantía en cada caso y materia. La determinación de la cuantía se rige por el artículo 40,41 Y 42 de la Ley 29/1998 y, en caso de duda, por lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil que ha de entenderse efectuada a lo que disponen sus artículos 489 y siguientes, dentro de la Sección 10 (“Reglas para determinar el juicio correspondiente”) del Capítulo I (“Disposiciones comunes a los juicios declarativos”) del Título II (“De los juicios declarativos”) de su Libro II (“De la jurisdicción contenciosa”). La primera afirmación que cabe de lo hasta ahora expuesto es que los procesos de cuantía indeterminada con arreglo al artículo 4l.2 son siempre apelables con base a la regla general del párrafo primero de este precepto. El sistema que se ha implantado en los casos dudosos es tomar la interpretación que hace la Sala Tercera del Tribunal Supremo para supuestos de hecho concretos que afectan a numerosos casos:
Materia tributaría: La admisión del recurso de apelación como ocurre en la casación puede ser examinada de oficio por el Tribunal de apelación. El Tribunal Supremo tiene declarado reiteradamente que, respetando el principio de contradicción, la fijación de cuantía puede ser efectuada en cualquier momento, incluso de oficio, por el órgano jurisdiccional ya que se trata de una materia de orden público procesal, máxime cuando es determinante de la procedencia o improcedencia del recurso. Para los distintos tributos la fijación de la cuantía a efectos de recurso vendría determinada por los períodos de liquidación, así si el Impuesto sobre el Valor Añadido se liquida por trimestres será el importe de un solo trimestre el que determine la viabilidad del recurso, con independencia de que en vía administrativa se unan varios trimestres o varios ejercicios en los tributos que se liquidan anualmente; sólo si la liquidación trimestral o anual supera la cuantía el recurso es admisible (Sala Tercera, Sentencias 12 de febrero de 2007, 28 de junio de 2007, 7 de febrero de 2007). En caso de liquidaciones de intereses de deudas tributarias habrá que estar a cada una de las liquidaciones de forma individualizada sin que el montante total determine la cuantía de la apelación o casación, Sentencia 29 de enero de 2007, en caso de liquidaciones por retenciones, a cada una de las retenciones que son mensuales, Sentencia 20 de diciembre de 2006. En caso de apremio la cuantía la determina cada deuda acumulada a la providencia de apremio con independencia de la cuantía de ésta, Sentencia 9 de julio de 2007.
Materia de Seguridad Social. Debe seguirse un criterio similar al derecho tributario, es decir, se estará en las liquidaciones a cada uno de los períodos teniendo en cuenta que en esta materia se hacen mensualmente al igual que las retenciones de la parte que corresponde al trabajador, (así la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera de 20 de noviembre de 2005 reiterando doctrina de Autos de 13 de octubre y 23 de noviembre de 1998).
Materia de contratación. En caso de reclamación de certificaciones de una misma obra la cuantía a efectos de cuantía en apelación y casación la determinada “cada certificacion”, (Auto de la Sala Tercera de 31 de mayo de 2007 del Tribunal Supremo).
Multas. Aunque se impongan varias multas se debe estar al importe de cada una de ellas, (así, la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Sección 1″) en los Autos den de noviembre de 2005 y de 8 de julio de 2004).
Se excepcionan también de la apelación los relativos a materia electoral comprendidos en el artículo 8.4 de la Ley Jurisdiccional (véanse “Recurso contencioso-electoral” y “Recursos jurisdiccionales en relación con la proclamación de las candidaturas”).
Recoge el artículo 8l.2, la que podríamos denominar la excepción de la excepción, es decir, recursos de apelación frente a sentencia respecto de la que en principio podría no caber recurso de apelación por razón de la cuantía del artículo 8l.a). Sin embargo, la propia Ley establece excepciones limitadas a dicha regla, son las siguientes: una, los que acogen causa de inadmisibilidad del recurso en asuntos cuya cuantía no excede de
18.030 euros, supuesto en el que el Tribunal de Apelación debe resolver sobre el fondo; segunda, las dictadas en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, donde según el artículo 12l.3 cabe apelación siempre a un solo efecto; tercera, las que resuelvan litigios entre Administraciones públicas; cuarta, las que resuelvan impugnaciones indirectas de disposiciones generales (véase “Impugnación de disposiciones de carácter general”).

II PROCEDIMIENTO
Dentro del procedimiento debemos tomar en consideración:
a) Legitimación. El recurso según nos dice el artículo 82 podrán interponerlo quienes, según esta ley, se hallen legitimados como parte demandante o demandada con independencia de que efectivamente se haya llegado a ostentar dicha condición.
Interposición y admisión. Según el artículo 85 se interpone ante el juez que hubiese dictado la sentencia en el plazo de quince días a partir de la notificación, transcurrido ese plazo la sentencia queda firme, en el escrito debe realizar las alegaciones en que funde el recurso y deducir su pretensión impugnatoria, eventualmente solicitará el recibimiento a prueba en la segunda instancia (artículo 85.2).y la solicitud de celebración de vista o de presentación de conclusiones escritas (artículo 85.7), caso de tratarse de funcionario público domicilio en la sede del Tribunal en los procesos del artículo 23.3.
Cumplidos los requisitos el Juez admitirá el recurso con traslado dictando providencia, en la misma, dará traslado a las demás partes por plazo común de quince días para formalizar oposición, resolución frente a la que no cabe recurso, si el Juzgado estima que no se dan los citados requisitos el artículo 85.2 establece que “denegará la admisión por medio de auto, contra el que podrá interponerse recurso de queja, que se sustanciará en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil” salvo defecto subsanable del artículo 138. Nos dice el artículo 85.4 que: “en el escrito de oposición, la parte apelada, si entendiera admitida indebidamente la apelación, deberá hacerlo constar, en cuyo caso se dará vista a la apelante, por 3 días, de esta alegación”.

EDILBERTO NARBÓN

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *