Ver vídeos de pornografía infantil

El delito de posesión se castiga con la pena de tres meses a un año de cárcel o multa de seis meses a dos años. Para integrar el delito es requisito que el material ilícito llegue a imprimirse o grabarse en algún sustento, con la intención de un consumo propio y sin participación alguna en la filmación o venta.

Es además un requisito que la posesión del material tenga un mínima duración en el tiempo: no es delictiva la posesión fugaz, como la descarga y eliminado inmediato de un archivo.

La posesión de un exclusivo archivo pedófilo, por la alta posibilidad de que su descarga haya sido accidental, puede ser considerada descarga accidental por los tribunales y, por consiguiente, no punible. De hecho, la policía acostumbra dirigir sus indagaciones a las situaciones en los que los ficheros totalmente descargados son bastante más de uno.

Por otro lado, sólo algunas de las imágenes o vídeos se consideran como pornografía infantil. La jurisprudencia cree que la mera imagen de un desnudo no es objetivamente material pornográfico si concurre de manera añadida obscenidad o ocasiones impúdicas.

Lo pornográfico es aquello que desborda los parámetros de lo atractivo, lo erótico y lo ético con finalidad de provocación sexual y sepa de valor literario, artístico o educativo. En cualquier situación, la frontera entre unos y otros tipos es siempre complicado de entablar y va a quedar a la libre apreciación del Tribunal.

También será necesario para ser condenado por un delito de posesión de pornografía infantil que se demuestre que el acusado tenía conciencia de tener en su poder material pornográfico infantil. En muchos casos los juzgados deducen este conocimiento de indicios como la existencia de numerosos archivos o su clasificación en carpetas con nombres con referencias pedófilas.

La venta, distribución, exhibición, oferta y facilitación de material pornográfico infantil se castiga con penas de prisión de uno a cinco años.

Es importante destacar que el origen desconocido o extranjero del material pornográfico infantil no exime del delito. Los supuestos más habituales en los tribunales son la difusión de archivos ilícitos a través de los programas como eMule; la puesta en común de los archivos con otros usuarios; el intercambio de material en grupos y chats; y la utilización de páginas web con contenidos pedófilos.

El caso frontera entre la posesión y la distribución es el intercambio automático mediante los programas P2P, en el que por defecto se comparten con otros usuarios los archivos descargados mientras se encuentran en el sistema.

El delito de distribución de pornografía infantil, resulta agravado, con penas que alcanzan hasta nueve años de cárcel, si el responsable usa a inferiores de 13 años, trabaja de manera degradante o vejatoria, forma parte a una organización encargada de hacer estos delitos o es un individuo encargada de hecho o de derecho del menor o incapaz.

La policía rastrea las red para descubrir las direcciones IP desde las que se han descargado ficheros ilegales. Estos datos y son públicos y la policía no necesita autorización judicial para recabarlos. No obstante, sí que debe conseguir una autorización del Juez para ofrecer el siguiente paso: la identificación del titular de la línea asociada la IP investigada.

El Juzgado, a petición de la policía, solicitará a las operadoras de telecomunicaciones los datos de titularidad y, ahora, ordenará a la policía la entrada y registro en el dominio del titular, con el decomiso de los ordenadores y discos duros que se tengan en cuenta susceptibles de contener material ilícito.

La policía citará a declarar a quien considere el usuario de los ordenadores en los que han encontrado ficheros pedófilos.

Es recurrente que las actuaciones, que se iniciaron en la ciudad donde se interpuso la denuncia, se inhiban a los juzgados de vivienda de todos los imputados en la causa, quienes llamarán otra vez a declarar a los investigados.

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